Argentina legaliza el aborto tras una sesión histórica

La ley de interrupción voluntaria del embarazo se despenaliza en las primeras catorce semanas de gestación. Argentina legaliza el aborto y su sanción transforma esta actividad clandestina en segura

Rodeados por miles de manifestantes en vigilia afuera del Congreso, los senadores marcaron un antes y un después en la historia argentina: el aborto, hasta la semana catorce, será legal.

En una sesión que se extendió por doce horas y tuvo al país en vilo hasta el final, el Senado aprobó la legalización del aborto: treinta y ocho votos a favor, 29 en contra y una abstención. Clave el apoyo de 5 legisladores que no se habían expresado públicamente. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo despenaliza y legaliza transformando el aborto clandestino en seguro, legal y gratuito.

Resolución tras meses de espera

«Ahora el Estado también tendrá la responsabilidad de cuidar la salud de toda persona que elija tomar la decisión”, comenta en exclusivo para La Cara Buena del Mundo la periodista Karina Iavícoli.

«Es una de las conquistas más importantes. Ahora el Estado también tendrá la responsabilidad de cuidar la salud de toda persona que elija tomar la decisión”, expone Karina Iavícoli

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El aborto se permitirá hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

Además, los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.

Ley de Educación Sexual Integral obligatoria

El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en el caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.

Además, el Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.